Hablábamos en una entrada anterior del más que vergonzoso papel desempeñado por la comunidad internacional en el caso del genocidio camboyano efectuado por los Jemeres Rojos. Pues bien, pocos días después nos encontramos con el caso de la revuelta en Myanmar (antigua Birmania) encabezada por los monjes budistas y secundada por un contingente considerable de población civil. Revuelta apagada en apenas una semana por la Junta Militar que gobierna aquel país.
Asistimos, a través de videos de mediana calidad, en algunos casos realizados con teléfonos móviles, a una represión generalizada y desmedida de las protestas. Lo que supone una clara y evidente violación de los derechos humanos. Violación a la que la ONU y la Unión Europea no han sabido responder más que con unas tibias condenas materializadas en notas diplomáticas.
¿El motivo? Myanmar, a diferencia por ejemplo de la antigua Yugoslavia, no es un país que interese a los redentores universales de la paz y los derechos del hombre.
Además, poco se puede esperar de un ente como la ONU, en cuyo órgano decisorio supremo encontramos a un país como China, con un sistema político comunista, por el que cada año ajusticia a varios miles de personas, y una economía de mercado con fluídos intercambios comerciales con occidente.
Ahora, al igual que hace unas semanas, los infames vuelven a escena.
